Entrevista a César Lorenzo Rubio sobre su libro “Cárceles en llamas. El movimiento de los presos sociales en la Transición”

Publicado en julio 3, 2015

Doctor en Historia por la UB, autor de diversos artículos y ensayos dedicados a explorar la relación entre prisión y movimientos sociales, César Lorenzo Rubio ha participado, junto al resto de miembros del Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, en la obra colectiva El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX. Nuestra conversación se ha centrado en su última obra: Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la Transición (Barcelona, Virus, 2013, prólogo de Daniel Pont Martín).

Permítame felicitarle. Su libro es magnífico y un verdadero regalo para todos, para los ya interesados y para los menos interesados. Déjenme empezar por el título: ¿desde y hasta cuándo estuvieron en llamas las cárceles españolas?

La agitación carcelaria durante la Transición empezó tras la primera medida de amnistía dictada por Adolfo Suárez, a finales de julio de 1976, y se prolongó de forma intensa y continuada hasta finales de 1978, aproximadamente. Pero durante los años siguientes, hasta 1983, hubo rebrotes periódicos de protestas, aunque sus formas y sus motivaciones variaron respecto a las de los años 77 y 78. Por tanto, estrictamente “en llamas”, no mucho tiempo y no todas, ya que la intensidad de los motines fue muy dispar, pero durante dos años, en prácticamente todas las prisiones del Estado se vivieron acciones colectivas de protesta y en al menos una decena, estos actos tuvieron grandes dimensiones, con centenares de presos implicados, destrozos de galerías enteras, abundantes desperfectos y, por supuesto, incendios.

Cuando habla de presos sociales, ¿de qué presos habla? ¿Por qué sociales? ¿Se incluye a las personas que fueron perseguidas por su orientación sexual?

Son los encarcelados por la comisión de delitos de Derecho común, es decir, sin intencionalidad política evidente; mayoritariamente delitos contra la propiedad. Este apelativo, en lugar de presos comunes, fue reivindicado por los propios presos y los colectivos que desde el exterior les daban apoyo para hacer explícita la referencia a las circunstancias que habían determinado sus conductas, y ya había sido empleado en los años veinte y treinta por presos anarquistas. Su razonamiento era el siguiente: hemos cometido estos actos ilegales forzados por las condiciones sociales que nos ha tocado vivir (pobreza, falta de educación y oportunidades de empleo, desigualdad…) y una vez detenidos, encarcelados en aplicación de leyes y por parte de tribunales caracterizados por la arbitrariedad y falta de libertades. Se consideraban a sí mismos víctimas de la sociedad y la dictadura, de ahí el nombre que adoptaron. 

Las personas perseguidas por su orientación sexual lo fueron en aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social; una nueva versión (aprobada en 1970) de la antigua Ley de Vagos y Maleantes, que también castigaba otras conductas consideradas “amorales” o “reprobables”. Por tanto, los represaliados por su orientación sexual también eran presos sociales, porque habían sido encarcelados por conductas prohibidas por la dictadura, que en países democráticos no eran consideradas delitos. De hecho, actualmente una existe una Asociación de ex presos sociales, que agrupa y reivindica a los miembros de colectivos LGTB represaliados por la dictadura.

Excelente noticia que desconocía. ¿Formaron los presos sociales de las cárceles españolas un verdadero movimiento social? ¿Consiguieron apoyos entre ciudadanos no directamente vinculados a ellos?

Ésta es una de las principales tesis que defiendo en el libro: que la suma de movilizaciones dentro y fuera de las prisiones a favor de la libertad de todas las personas encarceladas y la reforma integral del sistema penal y penitenciario conformó un verdadero movimiento social, y no se limitó a una mera sucesión de protestas inconexas. Bajo mi punto de vista, la cohesión interna que se logró durante un breve periodo de tiempo, tanto a nivel de discurso como de acciones, la interpelación al Estado para la solución del conflicto, y el impacto que todo ello tuvo en el ámbito penitenciario de los años de la Transición a la democracia le imprimen este carácter.

En lo tocante a los apoyos de la calle, los hubo de diverso tipo, pero es cierto que no fueron abundantes. Sus familiares (especialmente madres y esposas) y amigos, ayudados por abogados, crearon plataformas en diversas ciudades para ayudar difundir su causa. Estos comités y asociaciones constituyeron el núcleo duro del movimiento de solidaridad en la calle. Fuera de este círculo, los respaldos escasearon, pero no se puede dejar de mencionar la implicación del movimiento libertario y a mucha distancia, unos pocos grupos de la izquierda marxista radical; la complicidad de otros colectivos perseguidos por la Ley de Peligrosidad Social (“colectivos marginados”, en el lenguaje de la época), y algunos apoyos puntuales de intelectuales progresistas y senadores de grupos minoritarios.

¿Cómo se formó la COPEL? ¿Por qué la existencia del movimiento fue tan efímera?

La Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) nació como respuesta al fracaso del primer motín de julio de 1976 en Carabanchel. Ante la no atención de sus demandas, los presos que participaron en la protesta a favor de una amnistía generalizada consideraron que debían organizarse mejor para lograr una respuesta afirmativa a sus reivindicaciones. Los individuos que formaron la COPEL pretendían crear una entidad que los representase: un sindicato o una asociación de presos que ejerciese de interlocutor ante la Administración del Estado, los medios de comunicación y la sociedad. Hay que tener presente que en esos momentos de apertura política estaban proliferando todo tipo de partidos, sindicatos y agrupaciones de diverso signo; los presos imitaron lo que sucedía en la calle. Pero la Administración penitenciaria nunca reconoció a la COPEL como interlocutor: desde el primer momento intentó desprestigiarla, acusándola de mafia dirigida por presos políticos radicales y ultraviolentos, con intereses ocultos. Cuando la intoxicación informativa no fue suficiente, el aislamiento y la dispersión de sus miembros más destacados impidieron prolongar mucho tiempo la precaria coordinación que se logró durante unos meses. Esta represión selectiva, unida a los problemas de convivencia que la pérdida de la esperanza en una salida masiva provocaron, acabó por desmovilizar a la COPEL, descabezada por arriba y minada por las tensiones internas.

El movimiento de los presos, ¿no fue un movimiento muy masculino? ¿Qué papel jugaron en él las mujeres?

La gran mayoría de las acciones de protesta fueron protagonizadas por hombres, quienes también representaban el 95% de la población reclusa. Debido a esta desproporción, y a una menor agresividad y mayor capacidad de control en las cárceles femeninas, fueron pocos los actos de indisciplina por parte de mujeres, pero también los hubo: huelgas de hambre, sentadas en los patios, y algún conato de motín. Aunque donde mayor protagonismo tuvieron las mujeres fue en los grupos de apoyo a presos en el exterior. En la calle, sus madres fueron las primeras y más tenaces defensoras de los derechos de sus hijos presos, siguiendo una tradición que ya está presente durante el franquismo, entre las mujeres de militantes políticos, como ha documentado Irene Abad (En las puertas de prisión. De la solidaridad a la concienciación política de las mujeres de los presos del franquismo).

¿Se puede afirmar, como a veces se ha hecho, que fue un movimiento extremadamente violento y, en ocasiones, ciego, destructivo, aniquilador?

Calificarlo con estos adjetivos sin matización alguna es simplista y engañoso. El empleo de la violencia fue un recurso progresivo y con una finalidad instrumental, que en determinadas ocasiones acabó desbordando los fines reivindicativos y se convirtió en una explosión de rabia con la única finalidad de destruir, pero estos actos fueron la excepción. La mayoría de acciones usaban la violencia simbólica para llamar la atención sobre su causa: ocupando los tejados de las prisiones o autolesionándose de forma colectiva. Por otra parte, el empleo de la violencia no fue una práctica que sólo se pueda imputar a los presos: funcionarios de prisiones y policía actuaron de forma brutal para acabar con las protestas. Los motines generalmente acababan con el lanzamiento de botes de humo y pelotas de goma, cuando no disparos al aire de fuego real; y tras la evacuación de los tejados llegaban los temidos traslados nocturnos, a golpe de porra. Fue un movimiento que usó la violencia, sin duda, pero al menos durante los años en que la COPEL lideró las protestas (1977 y 1978), esta respondía a una estrategia. Cuando entró la heroína en prisión y el movimiento de presos empezó a flaquear, sí que aumentó notablemente la violencia interpersonal y los episodios de destrucción sin mayores objetivos.

Me salgo un poco del guión. ¿Qué período abarca, desde su punto de vista, la transición? Por lo demás: ¿transición hacia dónde?

A nivel de calle, y también académico, existe un cierto consenso en poner sus límites entre la muerte de Franco y la victoria socialista de octubre de 1982, aunque inicio y final pueden fluctuar en función del aspecto que se haga primar (legal, político, económico, cultural…). Y transición hacia un nuevo régimen político, la monarquía parlamentaria, la democracia. Ahora bien, una democracia nominal, con serios y profundos déficits, como estamos viendo cada día. Tras bastantes años de glorificación de este periodo por parte de ciertos sectores políticos y culturales, están siendo publicados cada vez más trabajos que cuestionan sus supuestas bondades. Este libro, modestamente, intenta aportar un granito de arena en la desmitificación del periodo y sus supuestos artífices.

Pues lo aporta desde luego. Habla usted en la introducción de dos visiones enfrentadas: una tradición de pensamiento económico-estructural y una concepción humana-pietista. ¿Nos hace un breve resumen de sus diferencias?

Los pocos estudiosos que en nuestro país se han interesado por el origen de la prisión se han alineado, básicamente, en torno a dos grandes enfoques, que Pedro Oliver ha calificado de esta forma y yo hago mía. La humano-pietista, representada por los historiadores del Derecho, cercanos a la Administración de Justicia estatal, que defiende una evolución histórica en positivo de la penas hasta el presente, al observar una mejora constante de las condiciones de reclusión, con la salvedad del periodo franquista. Y la económico-estructural, contraria a la anterior y muy crítica con el oficialismo penitenciario que aquella representa, la cual a partir de las enseñanzas del marxismo crítico y otras influencias teóricas, desarrolla una sociología penal que pone en duda la realidad de cada periodo, más allá de las declaraciones de intenciones recogidas en los textos legales. La obra, por si queda alguna duda, es heredera de la segunda.

Durante una gran parte del período estudiado por usted, o incluso durante todo él, ha habido también presos políticos en las cárceles españolas. ¿Qué relaciones mantuvieron unos y otros? Más en concreto, ¿qué relación mantuvo el movimiento con presos libertarios?

En los últimos años del franquismo, presos políticos y comunes, por lo general, mantenían una relación distante y recelosa, debido las diferencias sociales, culturales y de pensamiento que los separaban. Mientras que para unos la cárcel era casi una universidad, para los otros no pasaba de ser una parada obligatoria en un recorrido vital marcado por la marginalidad. La salvedad más extendida a esta tendencia fueron los presos ácratas. El anarquismo siempre ha rechazado la prisión como forma de castigo, y por ello, no ha hecho diferencias a la hora de denunciar la represión contra sus forzosos inquilinos. Por esta razón, cuando los presos comunes se dotaron de una conciencia “política” que les permitió denunciar su situación y proponer demandas, el movimiento libertario se volcó en su ayuda. En el interior, presos anarquistas compartieron protestas junto a los comunes o sociales; y en el exterior, la CNT y otros grupos se manifestaron en multitud de ocasiones a las puertas de las prisiones para darles su apoyo.

Pero, si me permite, yo mismo participé en muchas de esas manifestaciones y yo nunca he sido militantes de la CNT ni mi tradición ha sido la libertaria.

También algunos partidos de la izquierda radical hicieron declaraciones a favor de la luchas de los presos. Pienso, por ejemplo, en uno de junio de 1977 que firma Javier Álvarez Dorronsoro, en representación del Comité Ejecutivo del Movimiento Comunista reclamando un indulto general como paso previo a la reforma del sistema penitenciario, que iba seguido de la mayoría de siglas del ala izquierda de la sopa de letras (MC, PSP, FPS, PT, ORT, LCR, LC, AC, PCT, OIC, UC, y OCE). Pero lo cierto es que aparte de estas muestras, y de alguna otra de autoría confusa, yo no he encontrado demasiados indicios que permitan afirmar que los partidos de la lucha final se implicaron decididamente en la reivindicación de los derechos de los presos sociales, quizás por la perentoriedad de su propia lucha por la supervivencia, excesivamente minoritarios y acosados por la policía y la ley electoral. Otra cosa son sus militantes y simpatizantes, entre los que habría, seguro, participantes en las manifestaciones de apoyo a presos, así como profesionales (abogados, asistentes sociales, etc.) que se implicaron a fondo en esta lucha.

Le pregunto a continuación por los presos de ETA y el movimiento de los presos sociales.

De acuerdo.

Estábamos en los presos de ETA. ¿Han mantenido relaciones con el movimiento de los presos sociales?

En general, no demasiadas. Como el resto de organizaciones fuertemente jerarquizadas, los presos de ETA manifestaron hacia los comunes un cierto desdén y rechazo por su falta de educación y sus modales. Los presos políticos, no importa de la organización o la ideología que sean, desarrollan estrategias de resistencia al proceso de prisionización (adopción de roles propios de la prisión) que no son capaces de desarrollar los comunes, debido a su falta de preparación intelectual y política. Pero sobre este fondo mayoritario, es cierto que hubo casos de buenas relaciones a nivel individual. Es muy difícil generalizar porque dependió mucho de las condiciones de reclusión (régimen interno más o menos duro), la época, la filiación política de los presos, su edad, predisposición, etc.

Habla usted de movimiento de presos sociales pero, a veces, leyéndole, uno piensa más bien en movimientos, en plural. ¿Es así o es una lectura deficiente por mi parte?

No es una mala interpretación: ambas situaciones son coetáneas y paralelas. Me refiero a movimiento, en singular, porque los elementos en común priman, creo, sobre las diferentes tendencias internas. Y también, por supuesto, para dignificarlo a nivel histórico y sociológico, y situarlo en la categoría analítica que considero que merece. Pero una vez dicho esto, hay que subrayar que hubo diferentes estrategias para lograr un mismo fin: unos eran más favorables al diálogo y al pacto, y otros presos eran partidarios de no dar ninguna tregua al Estado. Las dificultades para establecer comunicaciones fluidas y fidedignas entre las prisiones determinaron que en algunos momentos los presos de cada una hicieran la guerra por su cuenta. Yo mismo he escrito que a partir de mediados de 1978 no hubo una sola COPEL, sino tantas, como cárceles donde hubiera presos identificados con estas siglas. Y otro tanto puede decirse de los grupos de apoyo en la calle, heterogéneos por definición, y no siempre concordantes en sus posiciones con lo que los presos defendían. Para acabar de complicarlo todo, a principios de los años ochenta, con la irrupción de la heroína, la unidad se va al traste definitivamente, pero aún se logran articular algunas acciones, como huelgas de hambre, que aglutinan a miles de presos en diferentes prisiones del Estado. Nada es blanco o negro.

Le pregunto más tarde sobre la heroína. Le cito un autor, un filósofo francés más que conocido y reconocido por muchos, Michel Foucault. Usted, por supuesto, lo cita en varias ocasiones. ¿Tuvieron sus ideas influencia en el movimiento? ¿Qué ideas? ¿Cómo penetraron en el movimiento de los presos?

La influencia de Foucault en la España de la Transición fue muy destacada; daría para todo un libro (de hecho, ya está magníficamente escrito por Valentín Galván: De vagos y maleantes. Michel Foucault en España). Toda la crítica a las instituciones de control social dentro de la que se encuadró la lucha contra las prisiones (junto a manicomios, cuarteles, hospitales, etc.) le debe mucho al filósofo francés, y en particular a su obra Vigilar y castigar, que acababa de publicarse. Aunque su influencia no fue tanto sobre los presos, que no tenían acceso material ni eran capaces de entender sus claves, como sobre los intelectuales que les dieron públicamente su respaldo desde las páginas de los medios de comunicación, y algunos miembros de colectivos de apoyo en la calle. Y no sólo este libro: la recopilación de testimonios y la denuncia enérgica de las condiciones de vida entre rejas que Foucault llevó a cabo al fundar el GIP (Group d’Information sur les Prisons), sirvió de modelo para que otros grupos de intelectuales españoles (Fernando Savater, José Luís López-Aranguren, Agustín García Calvo, Rafael Sánchez Ferlosio…) se decidieran a crear la Asociación para el Estudio de los problemas de los Presos, (AEPPE). Sin embargo, pese al entusiasmo inicial, su trayectoria fue breve.

Un nombre, Carlos García Valdés. ¿Puede hacer usted un balance de su trayectoria y actuación?

En 1978 Carlos García Valdés era un joven abogado de intachable currículo antifranquista y demócrata, profesor universitario en ciernes y buen conocedor del sistema penitenciario de la dictadura. Tras el asesinato del que entonces era director general de Instituciones Penitenciarias, García Valdés fue nombrado su sustituto, con el encargo específico de pacificar las prisiones y emprender la reforma urgente del sistema. Lo que sucedió entonces, a mi parecer, es que se vio desbordado por la situación: no sólo por la determinación de los presos de no cejar en sus demandas, también, muy especialmente, por las resistencias de una parte muy importante de los funcionarios de prisiones, que no estaban dispuestos a cambiar su forma de gobernar las cárceles. Ante la persistencia de protestas y fugas, menos de tres meses después de jurar el cargo, empezó a emplear métodos cada vez más excepcionales y drásticos para imponer el orden, dejando a un lado el talante dialogante de que había hecho gala en un primer momento, mientras acababa el redactado de la que se convertiría en la futura Ley General Penitenciaria. Para el penitenciarismo oficial, García Valdés es el padre del modelo de prisión vigente en España desde 1979; mi opinión, sin negarle ese carácter, difiere en cuanto a los métodos y los logros.

¿Es mucho más crítico? ¿Sus logros no son tan estimables?

Obviamente soy crítico, como historiador, con la actuación de García Valdés al frente de la Dirección General. Si se comparan sus declaraciones referentes al movimiento de presos, antes y después de acceder al cargo, no parecen haber sido pronunciadas por la misma persona. Y no soy el primero: desde sectores progresistas, entre los que García Valdés disfrutaba de buena prensa -aunque nunca fuese un abolicionista radical- se esperaba mucho de él y la decepción fue muy considerable en lo que respecta a la pacificación manu militari de las prisiones. Sobre la calidad o la novedad de la Ley Penitenciaria, no puedo opinar con tanta rotundidad. Se trata de una norma en sintonía con otras europeas anteriores o coetáneas, junto con las que forma parte del movimiento de reforma penitenciaria posterior a la II Guerra Mundial, y como aquellas, presenta importantes avances respecto a la situación anterior en lo que a derechos de los reclusos se refiere y orientación hacia la reinserción a través del tratamiento; pero también introduce mecanismos de control excepcionales, como el conocido art. 10, que establece la existencia de departamentos especiales de régimen cerrado, caracterizados por una enorme restricción de movimientos y derechos. En todo caso, la ley presenta aspectos positivos y negativos, pero los posteriores Reglamentos de 1981 y 1996, así como una larga de lista de disposiciones menores –y la dura realidad, marcada por la falta de presupuestos, la masificación, etc.- la han desvirtuado bastante. Tanto es así, que un especialista en el tema como César Manzanos ha llegado a afirmar, y creo que no va errado, que “hacer hoy que se cumplan escrupulosamente los artículos contenidos en dicha ley posiblemente supondría la inmediata abolición de la gran mayoría de las estructuras carcelarias existentes”.

¿Cuántos presos sociales había en 1975? ¿Cuántos en la actualidad? ¿Qué ha pasado en estos cuarenta años?

En 1978, tras los indultos y amnistías, la población penitenciaria se redujo a unas 10.000 personas presas. Desde entonces no ha parado de aumentar. En 1980 ya eran 18.000, 33.000 en 1990. El incremento en esas década estuvo marcado por la alarma social (fomentada por determinados medios de comunicación con fines políticos) que generó el nuevo tipo de delincuencia ligada al consumo de drogas. En 1995, cuando se aprobó el nuevo Código Penal, eran 45.000, y salvo los primeros años de estancamiento, su impacto fue brutal. Del año 2000 al 2005 aumentaron en 15.000 presos, y los 5 años siguientes volvió a aumentar en la misma cantidad, hasta tocar techo en 2010 con 76.000 personas entre rejas. En la actualidad, la expulsión de extranjeros a sus países ha reducido levemente la cifra.

Su libro está prologado por Daniel Pont Martín. ¿Quién fue, quien es Daniel Pont Martín?

Daniel Pont fue uno de los miembros más activos de la COPEL. Estuvo presente en su fundación a finales de 1976, participó en muchas de las acciones de protesta que tuvieron lugar en las prisiones en que estuvo, y llegó a ejercer de portavoz de la misma en el transcurso de una visita del director general de Instituciones Penitenciarias al Penal de El Dueso, donde estaban recluidos la mayoría de sus miembros más activos. Contar con su testimonio y el del resto de ex miembros de COPEL que he podido localizar ha resultado fundamental para poder reconstruir la historia de los hechos. Por otra parte, treinta y cinco años después, siguen reivindicándose víctimas de la dictadura y marginados por las leyes de amnistía, ya que todos ellos pasaron varios años en prisión por la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social.

¿Cómo ha reaccionado la izquierda, en un sentido amplio de la noción, ante el movimiento o movimientos de los presos a lo largo de los años? ¿Han aprendido, han ido matizando sus posiciones? En el prólogo, Daniel Pont no habla con mucho entusiasmo de estas fuerzas.

La relación de la izquierda con el sistema penitenciario ha variado a lo largo del tiempo, y no ha sido igual para todos los partidos. A los partidos a la izquierda del PCE ya me he referido anteriormente. El Partido Comunista, desde luego, no se implicó lo más mínimo durante los primeros meses del movimiento liderado por COPEL. Aunque en el Parlamento, durante la tramitación de la Ley Penitenciaria, sus senadores sí elevaron diversas propuestas a favor de la libertad de asociación de los reclusos y un mayor control judicial sobre la administración, que fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria. El PSOE, desde la oposición, a principios de los años ochenta, se mostró comprensivo con la situación de dejadez y malas condiciones que soportaban una gran parte de reclusos, y fruto de esta postura emprendió lo que se conoció como “minirreforma” penal. Pero las tornas cambiaron antes de acabar la primera legislatura socialista, cuando una “contrarreforma” volvió a endurecer les leyes.

Una década más tarde, el llamado Código Penal de la democracia, que resultaba más duro que el anterior de época franquista, al eliminar la redención de penas por el trabajo, fue aprobado por todos los partidos políticos, salvo el PP, que lo consideraba demasiado laxo. Durante su tramitación se rebajaron algunas penas y se despenalizaron ciertas prácticas, es cierto, pero también se dieron muestras paradójicas del abuso del Derecho Penal para solucionar problemas de otra índole. Por ejemplo, López Garrido, entonces en IU, se jactó de reclamar más dureza contra delitos contra el medio ambiente. No pongo en duda la necesidad de su protección, pero, ¿es el Código Penal la herramienta más adecuada? En los últimos años, el PSOE ha hecho un seguidismo fiel del PP en materia penal y sólo algunos parlamentarios de grupos minoritarios a su izquierda han señalado lo peligroso de esta deriva punitiva que contempla la cárcel como la solución a todos los problemas, aumentando, reforma tras reforma, la duración de las penas y restringiendo los beneficios penitenciarios.

Creo que en el libro no se acaba de pronunciar, le pregunto ahora. Las drogas, la heroína más en concreto, que arrasaron barrios obreros y populares en años ochenta y noventa, ¿pudieron ser introducidas, permitidas o agitadas por las fuerzas policiales y de orden del Estado?

Esa es una teoría que ha circulado ampliamente entre sectores de la izquierda, particularmente en Euskadi. Parece más que plausible que así fuera, ya que su irrupción masiva a finales de los años setenta acabó por rematar la desmovilización de una parte importante de la juventud, que hasta entonces había estado muy implicada políticamente. Sin embargo, un especialista del tema como Juan Carlos Usó, se muestra crítico con los intentos de reducir un fenómeno tan complejo a una explicación unicausal, de tintes conspirativos. En prisión la droga entró como prolongación natural del consumo en los barrios populares: ¿hubo complicidad de funcionarios y policías? Sin duda alguna en numerosos casos, como demuestran las denuncias; en otros, incapacidad de poner coto a su consumo debido a la precariedad de medios y escasez de efectivos humanos frente a la creciente masificación de las prisiones. No creo que se pueda despachar este proceso en una afirmación rotunda, sin matices, pero lo cierto es que la droga acabó con la efímera solidaridad lograda y marcó a fuego los barrios populares y las prisiones durante más de una década.

Describe usted con emotividad la muerte de Agustín Rueda. Nos puede recordar quién era Agustín Rueda. ¿Qué pasó?

Agustín Rueda fue un joven anarquista de Sallent (comarca del Berguedà, Barcelona) que fue detenido por su implicación en los grupos autónomos de signo libertario que operaban entre Cataluña y el sur de Francia. Desde el primer momento se posicionó a favor de las luchas de los presos sociales y participó junto a éstos en algunas acciones de protesta. En marzo de 1978 en Carabanchel, lo descubrieron cavando un túnel y por ello fue salvajemente torturado hasta que murió poco después en la propia prisión sin recibir la debida atención médica. Su muerte, que intentó ocultarse, se convirtió en todo un símbolo del estado de dejadez de las prisiones y la demostración incontestable del abuso de la mano dura entre rejas. Mientras que el proceso judicial a los funcionarios, que se demoró una década y acabó con penas mínimas para los numerosos implicados, fue una demostración de la ausencia de depuración alguna en la magistratura y la indulgencia hacia estas prácticas.

Abre su libro con una cita anónima de 1977: “En cada una de nuestras lágrimas sorbidas está presente el mar que inundará la historia”. Me gustaría preguntarle por ella.

La cita está sacada de un boletín elaborado por grupos de apoyo a presos en los barrios del Besòs (Barcelona). Hace referencia al deseo esperanzado de que su situación cambiase algún día, que los tantas veces represaliados, los pobres o los presos, que entonces y ahora, son sinónimos, pudieran ver el final de su perpetua marginación. Años antes de ser escrita, en una de sus diversas detenciones por motivos políticos, Manuel Sacristán descubrió en la pared de un calabozo de la comisaría de la Vía Laietana, un verso atribuido a Mary Shelley, que él tradujo como “La luz del día, después de un estallido, penetrará al fin en esta oscuridad”. Dudé mucho tiempo cual usar y ahora me desquito citando la segunda, porque en ambos casos hay una esperanza en que las cárceles dejen de ser, algún día, un lugar de sufrimiento y represión. El estallido se produjo, no cabe duda, pero, desgraciadamente, las únicas aguas que inundan nuestro tiempo son las de la ola de cultura punitiva que aboga por aumentar el castigo penal-penitenciario como solución universal a todos los problemas. En todo caso, la historia no está escrita de antemano y, siguiendo con las metáforas, podemos dejarnos arrastrar y perecer ahogados o nadar a contracorriente.

Hace referencia en un determinado momento del libro a Manuel Vázquez Montalbán. Comenta que hizo de practicante en la cárcel de Lérida. ¿Cómo fue eso? ¿Los presos políticos se relacionaban entonces con los presos sociales?

Es una anécdota tan divertida como ilustrativa de lo que eran las prisiones franquistas. En Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos, Vázquez Montalbán explica como a principios de los años sesenta, estando preso en Lérida, lo nombraron ayudante de enfermero por ser el único de los políticos de la cárcel que no se desmayaba ante la sangre, al mismo tiempo que se esperaba de él, por su condición de estudiante de quinto curso de Románicas y no un vulgar chorizo dispuesto a todo con tal de colocarse, que no se bebiera el alcohol de la enfermería. Aunque fue lo primero que hizo, eso sí, aderezándolo con azúcar y cáscara de naranja, como buen gourmet. Éste no era un caso aislado: la asistencia sanitaria en las prisiones era nefasta, los médicos, igual que el resto 42 de personal penitenciario, acostumbraban a tener otro empleo fuera de la cárcel, dejando al cargo de la enfermería a un preso de confianza para que administrase inyecciones –generalmente con la misma aguja para varios– o dispensase pastillas.

Vázquez Montalbán se relacionó esencialmente con presos políticos, estudiantes y militantes de izquierda como él, pero de su estancia en prisión nacería años después, literariamente hablando, Biscuter, el inseparable ayudante de Carvalho.

Muy bien visto. ¿Cuál es la situación de las cárceles españolas en la actualidad? ¿Mejor o peor que en 1975? ¿Cómo es la vida carcelaria?

Lo que es seguro es que es completamente diferente. En 1975 la cárcel era un instrumento represivo al servicio de una dictadura, en la que no existía el menor propósito reinsertador. En cuanto a su población, la componían alrededor de 15.000 presos, mayoritariamente hombres españoles, jóvenes, y por delitos contra la propiedad, junto a un número no menospreciable, aunque minoritario, de presos políticos (entre uno y dos millares, antes de la muerte de Franco). En la actualidad la cárcel obedece al mandato constitucional que consagra las penas privativas de libertad hacia la reeducación y reinserción social, sin menoscabo de otros derechos que los estrictamente limitados por su estancia en prisión. Esto es un gran avance a nivel legal, pero la realidad queda lejos de lo que se estipula en las normas jurídicas. Las personas presas son ciudadanos de segunda categoría, privados del derecho a la educación, el trabajo, o la salud. Y no son pocos. Hay más presos que en la mayoría de años de la dictadura: 70.000 en la actualidad, aunque se han llegado a superar los 75.000, el porcentaje más alto de encarcelados por habitante de toda Europa, sólo superado por países de la extinta URSS. Esta gran masa de población penitenciaria no obedece a un nivel anormalmente alto de delitos, al contrario, sino que debe su continuo incremento a las sucesivas reformas del Código Penal que prácticamente han doblado la duración de la estancia media en prisión. Los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) tienen una alta incidencia, un tercio de la población reclusa es extranjera, y una gran parte presenta signos de enfermedad mental. En algunos aspectos se ha mejorado mucho respecto a 4 décadas atrás, pero en muchos otros se ha empeorado drásticamente.

¿Se ha torturado en las cárceles españolas? ¿Se tortura en la actualidad?

Que durante el franquismo se torturaba nadie lo pone en duda; también durante los años de la Transición: los casos de Agustín Rueda o Herrera de la Mancha, por citar sólo un par de ellos, conocidos y con sentencia condenatoria, lo ponen de manifiesto. Y no fueron sucesos aislados, sino la punta del iceberg.

En la actualidad, la opacidad que ofrecen los centros de detención de personas (cárceles, comisarías, centros de internamiento de extranjeros o de menores) 43 continúa propiciando abusos por parte de los agentes encargados de su custodia. No se puede hablar de prácticas generalizadas, pero sí que siguen produciéndose centenares de casos que pocas veces llegan a denunciarse ante un juez y menos todavía se saldan con condenas. La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (www.prevenciontortura.org) documenta en su último informe 242 situaciones en que se produjeron agresiones y/o malos tratos contra 624 personas privadas de libertad, o en el momento de ser detenida; de éstas, un 11% tuvieron lugar en prisiones. No son datos definitivos, pero la persistencia de denuncias debería mover a la reflexión. Otro tema es la existencia de regímenes de reclusión tan severos (FIES 1- Control Directo) y que vulneran tantos derechos fundamentales que pese a no ser considerados como “tortura” en sentido estricto, puedan considerarse una forma de malos tratos institucionalizados.

¿Deberían existir las cárceles en una sociedad realmente democrática? ¿Cuál debería ser su papel si fuera el caso?

En una sociedad realmente democrática, justa e igualitaria, en el que la pobreza y las desigualdades no fuesen la norma y no se usase el Código Penal para hacer frente a todo tipo de problemáticas sociales, lo que es seguro es que su uso sería muchísimo más reducido. Me gustaría imaginar un mundo sin prisiones, sin duda; pero en el contexto actual, de expansión del Estado securitario, podríamos empezar por acciones concretas y plausibles que nos llevarían, si no a ese objetivo soñado, muy cerca. Dejar de perseguir con saña desproporcionada a los pequeños delincuentes (mujeres que ejercen como mulas de la droga por necesidad, por ejemplo); educar en valores antes que encarcelar a los infractores de la ley de seguridad vial; o potenciar la mediación penal entre víctimas y agresores, por citar sólo 3 ejemplos de una larga lista, sería un buen comienzo. Si se excarcelasen a los enfermos mentales que nunca deberían haber entrado en prisión, a los toxicómanos y enfermos crónicos, a los delincuentes primarios no violentos que presentan muy pocas probabilidades de reincidir; si se aboliesen las penas de larga duración… si se emprendiese una verdadera reforma integral, radical, del sistema penal y penitenciario, las cárceles quedarían prácticamente vacías.

Los condenados por delitos graves contra las personas (violaciones, asesinatos…), que tantas veces se esgrimen para justificar el papel de las prisiones como medio de defensa social, son una ínfima minoría. Y tampoco para éstos tiene sentido la cárcel tal cual la conocemos hoy en día. Si se aísla durante 20, 30 o incluso 40 años a una persona del resto de la sociedad, es imposible lograr su pretendida reinserción. Las penas de larga duración, ahora que estamos ante una nueva reforma del Código Penal que prevé ese oxímoron de “cadena perpetua revisable” son, además de inconstitucionales, crueles e inhumanas, como ha señalado Julián Carlos Ríos, y cualquiera puede observar a poco que se pare a pensar lo que significa recluir durante tanto tiempo a una persona: la muerte en vida.

Si se excarcelasen a los enfermos mentales, dice usted, que nunca 44 deberían haber entrado en prisión. ¿Qué enfermos mentales están encarcelados? ¿Por qué?

“Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos”. La frase no es mía, sino de Mercedes Gallizo, la anterior secretaria general de Instituciones Penitenciarias (El País, 5/08/2009). Según un informe del año 2011 firmado por el Grupo de trabajo sobre Salud Mental y Prisión de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Asociación Española de Neuropsiquiatría, entre un 25 y un 40% de las personas presas sufría algún tipo de trastorno mental, entre el 4 y el 6% un proceso mental grave y entre el 30 y el 50% un trastorno relacionado con el consumo de drogas. Entre un 20 y un 30% del total de personas presas, presentaba patología dual, es decir, combinación de trastorno mental y adicción al consumo de drogas. Las cárceles sustituyen a los manicomios. Las razones son diversas, desde la criminalización de las patologías a través del castigo a las conductas que generan, al desmantelamiento del Estado del Bienestar, que conlleva la merma de recursos sanitarios. Es aberrante, ya que la prisión es, en sí misma, un medio patógeno que favorece el desarrollo de enfermedades, por lo que las personas que ingresan con un problema, especialmente si es un trastorno mental, no van a salir mejor de cómo entraron.

¿Por qué los historiadores sociales, si no ando errado, no suelen tener mucho interés en estas temáticas?

La historia social del franquismo y la Transición cuenta con excelentes trabajos sobre diferentes movimientos sociales, que han ayudado a socavar esa visión monolítica que ensalza el periodo, de la que hablaba antes. También debemos a esta corriente historiográfica la mayoría de estudios sobre el origen de la prisión moderna, en el siglo XIX, y sobre todo, los referidos a la posguerra: fundamentales para el conocimiento de la represión franquista de los primeros años. Sin embargo, el interés por el sistema penitenciario desde el punto de vista histórico decae a partir del final de los años cuarenta. Es un déficit que esperemos que poco a poco se valla subsanando.

¿Quiere añadir algo más?

Agradecer el interés de Papeles y animar a los lectores a mirar con otros ojos las prisiones, las del pasado, pero, sobre todo, las del presente.

Salvador López Arnal.