Cárcel De Niños De Sograndio, Antesala De Deportaciones
Cumplir dieciocho años suele ser motivo de celebración para la mayoría de los adolescentes, deseosos de conquistar la parcela de derechos reconocidos que despliega ante ellos la mayoría de edad. Sin embargo, si tu padre murió cuando eras niño y tu madre apenas puede cubrir sus propias necesidades básicas; si tuviste que pasar cinco meses en una ciudad fronteriza antes de poder cruzar a España en los bajos de un camión; si una vez en España pasaste de un centro de acogida para menores extranjeros a un centro para menores infractores… cumplir dieciocho años es el detonador para volver a la casilla de salida.
Éste es el caso de X., que apenas unos días después de cumplir la mayoría de edad dentro del centro de menores de Sograndio (Asturias) recibió una visita en sus instalaciones de la policía judicial, un traductor y un abogado de oficio para transmitirle la orden de expulsión.
La Fiscalía de Menores, encargada según la normativa nacional e internacional de proteger a todos los menores, abandonó este rol en cuanto X cruzó la barrera de la mayoría de edad. Al coordinarse con la Oficina de Extranjería compartiendo información sobre el muchacho, éste pasó inmediatamente a ser tratado como un adulto en situación administrativa irregular al que le espera la detención, el probable paso por otra cárcel –en este caso un Centro de Internamiento de Extranjeros– antes de ser deportado a Marruecos, donde carece de un entorno familiar que le pueda apoyar, condenándole a una vida en condiciones paupérrimas.
La Oficina de Extranjería ha solicitado a la Fiscalía del Menor que se cancelen los cuatro meses de pena que le quedan por cumplir para poder deportarlo de manera inmediata. De ser detenido en el mismo centro, se trataría del tercer caso en dos años en que un menor es apresado directamente en Sograndio para ser deportado a su país de origen.
El primero fue en 2014, cuando otro joven marroquí, tras ser despedido por sus educadores que desconocían la suerte que les esperaba, fue detenido en la misma puerta del centro. Con el segundo, en 2015, la escena fue aún más rocambolesca. La dirección engañó al personal del centro para que distrajese al menor en la sala de visitas. El objetivo, que de nuevo ignoraban los trabajadores, era que le diera tiempo a llegar a la policía y lo detuviera dentro de las instalaciones. Fuera, en los aparcamientos, le esperaban su madre, hermanos y abuela, todos con permiso de residencia y de trabajo en España. Y es que E., de 19 años, llevaba en España desde los cuatro. Fue deportado apenas 24 horas después a Bogotá, donde nunca había estado ni tiene a ningún familiar, porque procede de otra ciudad.
Una situación muy parecida a la que puede vivir X. en cualquier momento.
La Ruta contra’l Racismu y la Represión, un movimiento social integrado por diversas organizaciones como Asturias Acoge, Local Cambalache y SOS Racismu, denuncia que “estamos ante una doble condena: además del encierro, la expulsión”. A sus integrantes, que llevan un año trabajando y denunciando las vulneraciones de derechos fundamentales en “la cárcel de Sograndio”, como la denominan, les preocupa que “esta colaboración entre la dirección de Sograndio y la Oficina de Extranjería para ejecutar deportaciones esté convirtiéndose en un modus operandi con unos chicos absolutamente desprotegidos, que en casos como el de X. no tienen ni siquiera familia en el Estado español que lo defienda. La responsabilidad no es solo de la dirección de Sograndio, sino también del Gobierno del Principado de Asturias –de quien depende–, así como de la Fiscalía y la jueza de Menores”.
La Ruta ha puesto a disposición de las familias y personas vinculadas con el centro de Sograndio un correo electrónico de contacto para que puedan compartir sus historias o hacer consultas: rutasograndio@nodo50.org
Denuncian deportaciones desde el centro de menores de Sograndio.
El colectivo asturiano Ruta contra’ l Racismu y la Represión señala que el centro de menores se coordina con Extranjería para tramitar expulsiones del país cuando los menores de edad cumplen 18 años, a pesar de que tengan a toda su familia en el Estado español.
Éste es el caso de X., que apenas unos días después de cumplir la mayoría de edad dentro del centro de menores de Sograndio (Asturias) recibió una visita en sus instalaciones de la policía judicial, un traductor y un abogado de oficio para transmitirle la orden de expulsión.
La Fiscalía de Menores, encargada según la normativa nacional e internacional de proteger a todos los menores, abandonó este rol en cuanto X cruzó la barrera de la mayoría de edad. Al coordinarse con la Oficina de Extranjería compartiendo información sobre el muchacho, éste pasó inmediatamente a ser tratado como un adulto en situación administrativa irregular al que le espera la detención, el probable paso por otra cárcel –en este caso un Centro de Internamiento de Extranjeros– antes de ser deportado a Marruecos, donde carece de un entorno familiar que le pueda apoyar, condenándole a una vida en condiciones paupérrimas.
Según pudo saber Atlántica XXII, la Oficina de Extranjería ha solicitado a la Fiscalía del Menor que se cancelen los cuatro meses de pena que le quedan por cumplir para poder deportarlo de manera inmediata. De ser detenido en el mismo centro, se trataría del tercer caso en dos años en que un menor es apresado directamente en Sograndio para ser deportado a su país de origen. primero fue en 2014, cuando otro joven marroquí, tras ser despedido por sus educadores, que desconocían la suerte que les esperaba, fue detenido en la misma puerta del centro. Con el segundo, en 2015, la escena fue aún más rocambolesca. La dirección engañó al personal del centro para que distrajese al menor en la sala de visitas. El objetivo, que de nuevo ignoraban los trabajadores, era que le diera tiempo a llegar a la policía y lo detuviera dentro de las instalaciones. Fuera, en los aparcamientos, le esperaban su madre, hermanos y abuela, todos con permiso de residencia y de trabajo en España. Y es que E., de 19 años, llevaba en España desde los cuatro años de edad. Fue deportado apenas 24 horas después a Bogotá, donde nunca había estado ni tiene a ningún familiar, porque procede de otra ciudad. Una situación muy parecida a la que puede vivir X. en cualquier momento.
Modus operandi
La Ruta contra’l Racismu y la Represión, un movimiento social integrado por diversas organizaciones como Asturias Acoge, Local Cambalache y SOS Racismu, denuncia que “estamos ante una doble condena: además del encierro, la expulsión”. A sus integrantes, que llevan un año trabajando y denunciando las vulneraciones de derechos fundamentales en “la cárcel de Sograndio”, como la denominan, les preocupa que “esta colaboración entre la dirección de Sograndio y la Oficina de Extranjería para ejecutar deportaciones esté convirtiéndose en un modus operandi con unos chicos absolutamente desprotegidos, que en casos como el de X. no tienen ni siquiera familia en el Estado español que lo defienda. La responsabilidad no es sólo de la dirección de Sograndio, sino también del Gobierno del Principado de Asturias –de quien depende–, así como de la Fiscalía y la juez de Menores”.
Según advierte Edu Romero, de la Ruta contra’l Racismu y la Represión, «a pesar de que en Asturias, la tasa de migración es muy baja –menos del 5% de la población– y todo el tiempo se está hablando de la crisis demográfica y el envejecimiento de la población, nos encontramos con la paradoja de que hay un intenso hostigamiento policial hacia la población migrante». Según datos de este colectivo, en Asturias cada día una persona pasa por los calabozos por no tener papeles.
Noticia publicada en Atlántica XXI.
Torturas Y Maltrato En La Cárcel Para Niños De Sograndio (Asturies)
Castigos desproporcionados y arbitrarios, violencia, rebeliones, intentos de fuga y de suicidio, incendios… el Centro de Internamiento de Menores de Sograndio parece algo peor que una cárcel para niños, según los ingresados, sus familiares, los propios trabajadores y los vigilantes, que responsabilizan al equipo directivo y han llevado sus denuncias al Defensor del Pueblo, que advierte de que no se cumplen buena parte de sus recomendaciones para prevenir la tortura.
Todos los nombres recogidos en el reportaje son seudónimos por razones de privacidad de los menores y de evitar represalias laborales hacia los trabajadores del centro. La Ruta contra’l racismu pone a disposición de las familias y los jóvenes que han pasado por Sograndio el correo rutasograndio@nodo50.org para que puedan compartir sus experiencias y crear una red de apoyo.
Cuando Jesús tenía siete años le robaron la bici. Su padre le pegó una paliza y le mandó de vuelta a la calle a recuperarla. Le dijo que no volviera sin ella porque lo mataba. A los once, le abrió la cabeza a golpes. Su padrastro tuvo que ir a buscarlo de madrugada. Estaba escondido detrás de unos cubos de basura en una carretera rural. A los dieciséis, estaba en el Centro de Menores infractores de Sograndio, el único en la región para adolescentes con condenas, cumpliendo tres meses por robo y estafa, por comprar con billetes falsos.
Al mes, disfrutaba de su primer permiso de salida de fin de semana. Era el premio, según Amelia, su madre, por chivarle información sobre otros internos al director del centro, Manuel Ramos. A los diecisiete, Jesús vuelve a Sograndio, de nuevo, por robo, como el 90% de los internos. Ya no está dispuesto a hacer de topo y a la vuelta de su primera salida de fin de semana le hacen una analítica. Da positivo en Tranquimazín. Él lo niega y pide, junto a su madre, la repetición de la prueba. Según Amelia, a la que su exmarido había machacado a base de palizas hasta el punto de romperle una vez cuatro costillas y provocarle un aplastamiento de la pleura pulmonar, Ramos le amenaza con suprimirle todos los permisos de salida si siguen adelante con su reclamación.
“Le decía que iba a acabar como su padre, yonqui y en Villabona, que cómo le iba a querer su padrastro siendo como era, que le dijera a la loca de su madre que dejara las cosas como estaban”, cuenta. Se echan atrás por temor a las represalias. La sanción impuesta por el ansiolítico es impedirle que pueda continuar con sus estudios en la Fundación Laboral de la Construcción. Su educadora y su profesor le piden al director que le permita seguir formándose ya que era palpable su motivación, además de ser la herramienta más eficaz para su reinserción. La dirección se niega y pasa los tres meses que le quedan de internamiento viendo pasar las horas o encerrado en la habitación de aislamiento.
Rubén pasó 21 días encerrado en una de estas salas. Cama, mesa y silla de hierro. Hasta la inspección del Defensor del Pueblo de España en 2013, que identificó numerosas irregularidades en el funcionamiento del centro, la ventana permanecía siempre abierta, por lo que Rubén se congela por las noches. El agujero en el suelo en el que tienen que hacer sus necesidades despide un olor putrefacto. Rubén había tomado unos tranquilizantes que otro de los internos había guardado de los que recetan en el centro a los menores con problemas mentales. Orphidales, Tranquimazines, Transiliums eran empleados habitualmente hasta hace unos años como una manera de apaciguar a los menores. Drogado, Rubén intenta escapar pero es interceptado. Tras encerrarle, un guardia de seguridad da la voz de alarma. El chaval necesita urgentemente ir al hospital por los efectos de los ansiolíticos. Tras ser atendido intenta escaparse de nuevo y la policía lo derriba, lo esposa y le aplasta la cabeza contra el suelo bajo su rodilla. Le rompen cuatro dientes –visiblemente reconstruidos–. Cuando vuelve al centro le muestra a Ramos el resultado de la agresión. “Pues a aislamiento, para que reflexiones”, dice Rubén que le contestó el director. Con el dolor de los dientes rotos y una infección en las encías pasó 14 días sin más atención médica que los calmantes que le recetó la ATS del centro. Aún pasó una semana más de encierro.
Puesto que el reglamento de la Ley del Menor establece que no pueden pasar más de 7 días aislados, pasado este plazo le sacaban a una estancia cerrada durante media hora para reiniciar el castigo. El Defensor del Pueblo ha llamado la atención en sucesivas ocasiones por el excesivo empleo de la medida de aislamiento en Sograndio, que debe limitarse a “razones terapéuticas y de seguridad (…) siendo proporcional a la infracción cometida y por el período de tiempo más breve posible” según este organismo. En 2013, de los 79 expedientes incoados contra menores por la dirección del centro asturiano, 78 fueron resueltos con encierros en estas llamadas ‘camarillas’.
En junio de 2015, la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias (AVISPA) presente una queja ante la Defensoría por la situación “caótica” que vive el centro, denunciando que los internos sufren “castigos desproporcionados y arbitrarios, ordenados por la propia Dirección del Centro en base a criterios personales y no objetivos o pedagógicos”. El organismo vuelve a enviar un equipo de técnicos, que comprueba que la sanción de aislamiento sigue empleándose de manera frecuente y alargándose excesivamente, cuando según esta institución deberían priorizarse castigos alternativos como “la privación de salidas de fines de semana o recreativas”. Sograndio incumple 11 de las 41 recomendaciones del Defensor del Pueblo recogidas en su último informe de prevención de la tortura para los centros de menores.
“Cuando salí de Sograndio para la graduación de mi hermana, tuve que salirme de la celebración porque me ahogaba, no podía estar entre tanta gente. Sentía como si estuviera andando con un vaso encima de la cabeza, que tienes que ir muy despacio para que no se caiga”, nos explica Rubén a la salida del instituto, donde ha retomado sus estudios. Según la resolución 45/113 de la ONU (“Reglas para la protección de los menores privados de libertad”), “estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias (…) que constituyan un trato cruel e inhumano, la reclusión en celda oscura, y las penas de aislamiento o de celda solitaria”.
Todos los testimonios de menores recogidos en este reportaje han sido corroborados con los trabajadores del centro que convivieron con ellos durante los hechos.
Grilletes en la cama
El uso de grilletes solo está autorizado como medida de contención hasta que el menor se calme. Sin embargo, no son infrecuentes casos como el de Rubén, que llegó a quedarse dormido esposado en una silla después de más de seis horas en esa posición. “Por supuesto que los grilletes son, en ocasiones, necesarios, como cuando intentan autolesionarse. Pero no durante tantas horas como a veces se les dejan puestos. Y, además, si nos dejaran a los educadores hablar con ellos podríamos intentar calmarles, pero no nos dejan”, nos cuenta un/a educador/a.
“He visto chavales esposados de manos y pies en una cama y un vigilante pegándoles, porque Manolo les ordena contundencia. Había un chaval que sacó la ESO estudiando solo, porque el director no autorizó que fuera a la escuela. No le soportaba porque si no le ríes las gracias, te cruza. Pese a todo, gracias a nuestra insistencia, terminó accediendo a una plaza en una escuela taller y estaba feliz porque su novia estaba embarazada y pensaba que con esta formación podría sacarle adelante. El mismo día que iba a empezar el curso, Manolo ordenó una analítica. Dio positivo en Tranquimazín. Lo había tomado para dormir porque estaba nervioso con la oportunidad que se le presentaba. Como castigo le retiró los permisos para asistir a la escuela taller. El muchacho lloraba y gritaba: ‘Manolo mátame ya’. Los vigilantes lo llevaron a la cámara de aislamiento y lo ‘engrilletaron’ a la cama. Cuando subo a verle, el director había ordenado a un profesor de talleres que arreglara justo en ese momento una rejilla taladrando en la pared que estaba justo a la altura de su cabeza”.
El testimonio es solo uno de los numerosos que hemos recogido de trabajadores del centro, ex presos, familiares de éstos y el portavoz de la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias, Jorge Fernández. Aluden a castigos desproporcionados y arbitrarios, extorsión y chantaje a los menores para que les chive información sobre otros internos o sobre los trabajadores a cambio de privilegios que, según el reglamento de la ley, son derechos fundamentales como las salidas, la formación, la comunicación por teléfono y escrito, así como visitas con sus familiares y amigos. En general, solo autoriza visitas de los progenitores.
Fugas por hartazgo
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