33 años de cárcel… por anarquista

En el México de hoy se puede envenenar los ríos y causar uno de los mayores desastres ecológicos de la historia del país con total impunidad, como ocurrió con el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos que en 2014 cometiera el Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, en Sonora. Con una módica multa de 23 millones de pesos y la promesa de invertir 2 mil millones en un fideicomiso para atender las afectaciones, la empresa trasnacional, explotadora de personas y recursos naturales, saldó cuentas con la justicia mexicana. Nadie pisó un minuto siquiera la cárcel por haber diseminado en 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, sustancias tóxicas como arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y fierro que matarán cualquier tipo de vida y que mantendrán contaminados dichos afluentes por un periodo que, por largo, es indeterminado.

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Es sólo un ejemplo concreto de los más conocidos. Pero las “oportunidades” para los depredadores son innumerables. También se puede asesinar, robar, defraudar, violar, esclavizar, traficar con drogas, saquear recursos naturales, expoliar trabajadores… Sólo importa en nombre de quién se haga. Si es en nombre de quien ostenta poder suficiente (político o económico), la impunidad está garantizada. ¿Cuántos empresarios o políticos encumbrados van a la cárcel o son siquiera molestados con un juicio por la corrupción en que se regodean y se enriquecen?

Lo que no se puede hacer en México sin castigo es cuestionar el poder y el statu quo. En días pasados, el Poder Judicial de la Ciudad de México se ensañó con el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, quien apenas rebasa los 22 años de edad. Se le acusa de haber quemado una unidad del Metrobús.

Los hechos que se le imputan sucedieron el 5 de noviembre de 2014 en la avenida Insurgentes, justo en la estación Ciudad Universitaria, cuando la unidad fue interceptada por un grupo de alrededor de 20 personas con el rostro cubierto y, luego de que bajara a los pasajeros y el chofer, incendiada. Ese día se realizaba una serie de protestas en el marco de la tercera jornada global por Ayotzinapa. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos habían sido desaparecidos de manera forzada 39 días antes y la indignación social iba en aumento conforme se conocía la participación de autoridades en los hechos por los que hasta la fecha se desconoce el paradero de los estudiantes rurales.

La policía de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, desató una cacería esa misma tarde y noche del miércoles 5 de noviembre para tener a quién presentar ante las cámaras como los “agresores” que habían quemado el vehículo. Los efectivos policiacos se metieron al campus universitario, detuvieron y golpearon a estudiantes que ni en las protestas habían participado. Apresaron a Sergio Pérez Landero, entonces de 33 años de edad y a Luis Fernando Sotelo Zambrano, quien contaba con 20 años de edad.

A Sergio Pérez, estudiante del doctorado en ciencias biomédicas, las autoridades lo presentaron como uno de los “perpetradores” y con vehemencia los policías lo acusaron de haber sido parte del grupo que atacó el Metrobús e, incluso, dijeron que lo habían detenido en flagrancia. El chofer de la unidad, claro, aseguró que Sergio Pérez Landero estaba entre los que incendiaron el vehículo. Tuvieron que liberarlo un par de días después, cuando un video captado por las cámaras del Instituto de Biología de la Universidad demostró que el alumno salió de dicho inmueble casi una hora más tarde de cuando se suscitaran los hechos que le imputaban.

Exactamente de lo mismo acusaron a Luis Fernando. Pero él no tuvo la misma suerte: estudiante del plantel 6 de la Escuela Nacional Preparatoria, se aprestaba a realizar exámenes extraordinarios para concluir el bachillerato y continuar con una licenciatura universitaria; se reivindicó anarquista, y no hubo video que lo mostrara en algún otro lugar en el momento del ataque. Además, es integrante del Colectivo Ollin Meztli y de la Cooperativa Ik’ Otik; adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y solidario con el Congreso Nacional Indígena. Fue parte del movimiento en contra de la alza de la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de la lucha por la liberación del anarquista Mario González. Encima, dijo creer en la autonomía, la autogestión, el apoyo mutuo, la solidaridad, es decir, en valores anarquistas, y expresó que era necesario que la gente se organizara y se reapropiara de las cosas… Pues he aquí un chivo expiatorio ad hoc para las televisoras y el sistema de justicia mexicano, donde los pobres tienen que demostrar su inocencia y no son las autoridades las que tienen que demostrar la culpabilidad del acusado.

Desde esa noche, Luis Fernando Sotelo está encerrado en el Reclusorio Sur Preventivo. No hay pruebas que lo incriminen. Lo único con lo que “cuentan” los sabuesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es la desacreditada declaración del chofer, quien dice haberlo reconocido (así como “reconoció” a Sergio) entre los que lo bajaron de la unidad para incendiarla… ¿pues no que iban encapuchados?

Y sostenida con alfileres tal acusación, resulta que el juez 32 Penal lo encontró culpable de ataques a las vías de comunicación y a la paz pública calificados, así como daño doloso a la propiedad agravado y lo sentenció a 33 años y 5 meses de prisión y al pago de una multa de 519 mil 815 pesos. También, a cubrir el costo por 5 millones 461 mil 559 pesos por los daños a la estación y a pagar el costo de la unidad incendiada, que asciende a 2 millones 566 mil 219 pesos…

¿Qué tal si Luis Fernando fuera un hijo de políticos o empresarios encumbrados? ¿Qué tal que si en vez de dar solidaridad y querer transformar un mundo injusto fuera ducho aprendiz en las artes de expoliar a los trabajadores? ¿Qué tal que abusara, incluso sexualmente, de la servidumbre que lo rodeara? Seguramente no tendría problemas con la justicia y hasta saldría en las notas de sociales como uno de los júnior exitosos del país.

Lo que mantiene a Luis Fernando en la cárcel es su congruencia de asumirse activista y anarquista. La indignación ya cobra forma y, como dice, la campaña por su liberación luego de conocerse la sentencia: “Que nuestra rabia se haga una misma, que sople el viento, que inicie la tormenta”.

Zósimo Camacho

 

33 años de cárcel… por anarquista

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